La cobertura es muy baja, pese a que el Gobierno subsidia hasta el 60% del valor de la prima.
Algo más de medio billón de pesos han pagado las aseguradoras por los daños ocasionados por la ola invernal que afecta al país desde noviembre del 2010.
Según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), las pérdidas que dejó el fenómeno de 'La Niña' se estiman en siete billones de pesos, pero sólo el siete por ciento están amparadas, es decir que podrán resarcirse los daños económicos avaluados en 490.000 millones.
Ahora, en los siete billones de pesos se cuentan las pérdidas reportadas para los sectores agrícola y pecuario, que no contaban con seguro a la hora de suceder los siniestros.
En general, dijo un analista del sector, los colombianos no toman seguros agrarios porque los consideran un gasto adicional a la actividad y ni siquiera se consideran costos de producción.
Por esto, no se trata de un problema de las aseguradoras, ni del alto costo de las pólizas.
Este último depende de muchos factores y no es posible establecer un precio estándar para Colombia, porque cada caso es único por su nivel de riesgo, por las zonas de cultivos, los productos y hasta por los periodos de las cosechas.
El valor de la prima puede establecerse por el rendimiento proyectado del cultivo o por los costos de producción por unidad de superficie. Sin embargo, se estima que no podría exceder del 15 por ciento de los costos de producción.
Para este año el Ministerio de Agricultura, a través del Fondo Nacional de Riesgo Agropecuario, cuenta con 34.000 millones de pesos para subsidiar la prima del seguro.
Pese a lo anterior, en las cuentas de la aseguradora Mapfre se destaca que las actividades cubiertas hoy son los cultivos de plátano, tabaco, banano, forestales, maní, sorgo, algodón, arroz y maíz, pero suman apenas el 0,9 del área sembrada en Colombia.
Ahora, al interior de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) se ha planteado la posibilidad de hacer obligatorio que cada solicitante de crédito agropecuario, de forma simultánea, asegure su cultivo o su actividad productiva. Pero esto no ha podido hacerse realidad, en la medida que la oferta se limita sólo a una aseguradora: Mapfre.
La CNCA considera que se requieren más oferentes para que los demandantes puedan elegir entre más de una opción.
"Beneficiar a una empresa no sería prudente y no tendría sentido", destacó un miembro de la comisión.
La iniciativa que hace curso busca que nuevas compañías diseñen pólizas para riesgos agrarios y, de ser el caso, permitir que las extranjeras puedan hacerlo, tal como lo ha afirmado el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
Por último, dentro de la comisión se considera necesario difundir la cultura del seguro; de paso, haría menos necesaria la actividad del Fondo Agropecuario de Garantías, pues la póliza es garantía misma para el pago de la obligación financiera.
GOBIERNO FACILITARÁ DATOS SOBRE RIESGOS
Ante la necesidad de incentivar el mercado de los seguros agrarios y atenuar las pérdidas, se expidió el decreto 126.
El decreto crea la llamada Dirección Nacional de Riesgos Agropecuarios, encargada de evaluar los riesgos por sectores y concentraría la información para que las aseguradoras establezcan las tarifas y las condiciones de las pólizas. "Estamos haciendo los estudios del caso, pero faltan los decretos que le dan su vida administrativa", dijo el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
El funcionario destacó que esta no será una nueva entidad adscrita al sector ni un fortín burocrático; por el contrario, será una dependencia más de la entidad a su cargo.
La operación será financiada por el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y será el órgano rector de la política de riesgos agropecuarios.
Entre sus múltiples funciones, identificará los riesgos a los que está expuesto el sector y publicará reportes con información de los mapas de riesgos por subsectores y zonas geográficas.
También elaborará tablas de referencia de primas justas de mercado, a fin de que las aseguradoras y reaseguradoras tengan elementos para ofrecer tarifas racionales.
En las cuentas del Minagricultura y los gremios de la producción, se perdieron 200.000 hectáreas de cultivos, mientras que un millón más están bajo el agua; y deben sumarse 1.300 hectáreas de infraestructura agropecuaria.
Para recuperar las hectáreas inundadas es necesario invertir cerca de 3 billones de pesos, según el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía; del total, un billón iría para la recuperación de los lotes con pastos y forrajes del sector ganadero.
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