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LA ESTRATEGIA SERÁ liderada por el ministerio de Agricultura y el reto será devolverles a los desplazados cerca de dos millones de hectáreas usurpadas por grupos ilegales y narcotraficantes.
Pero el hambre de tierra de los paramilitares y particulares vinculados con las Auc le cambió esa abundancia por desgracia. Relata que en 2002 llegó a inmediaciones de Riosucio el ganadero Juan Guillermo González (capturado este año sindicado de vínculos con Auc), con un mensaje que le sonó a amenaza.
"Me dijo que venía de parte de su patrón y que necesitaba 6.000 hectáreas en esa zona, que pagaba 250.000 pesos por cada una. Que si no le vendía, tenía que pagarles por hectárea 20.000 pesos al año por valorización y seguridad, que además tenía 120 hombres armados para seguridad y para combatir la guerrilla", recordó Javier.
A diferencia de la mayoría de campesinos de la zona, Javier no quiso vender. "Les dije que no vendía, que quién era el patrón y me dijeron que Vicente Castaño y Raúl Hasbún".
Por esa época, los paramilitares dejaban a su paso muerte en las zonas donde, dicen los campesinos, terratenientes acumulaban miles de hectáreas compradas al precio que imponían.
Al final, el miedo lo obligó a vender. "Con esa mochadera de cabezas la gente vendía, me decían que vendiera, que me iba a hacer matar. Vendí a 200.000 pesos la hectárea, cuando valía más de un millón de pesos... ni siquiera mostré la finca".
Para empeorar las cosas, le pagaron por cuotas cada seis meses, hasta que para evitar los maltratos dejó de ir a cobrar por su tierra, que según cuentan, hoy está sembrada de palma y convertida en potreros.
Despojo y asesinatos
Para muchos campesinos, reclamar las tierras que les arrebataron los grupos ilegales y particulares que se beneficiaron del despojo les ha costado la vida. Albeiro Valdez es la última víctima conocida. Primero, los paramilitares asesinaron a su padre y a su hermano en 1995 para desplazarlos y apropiarse de 35 hectáreas en la vereda El Tigre, en Necoclí.
En la finca usurpada, el jefe paramilitar Carlos Ardila, alias "Carlos Correa", tuvo una base de las Auc por tres años. El predio lo ocupó después Jairo Humberto Echeverri, un terrateniente con más de mil hectáreas en la zona.
Trece años después, en noviembre de 2009, el campesino retornó a la finca luego de conseguir el título de propiedad a través del proyecto piloto de restitución de bienes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en Urabá. Pero días después empezaron las amenazas, que según Valdez, provenían de Echeverri, a quien vinculó con paramilitares.
A raíz de esa denuncia, por intermedio de la CNRR y a instancias del mismo vicepresidente Francisco Santos, de altos mandos de la XVII Brigada del Ejército y de representantes de la OEA como testigos, se logró una conciliación en la que Echeverri se comprometió a no actuar contra el campesino y a respetar su propiedad sobre el predio ya titulado.
Pero Albeiro Valdez solo disfrutó ser dueño de su finca cinco meses. El pasado 10 de mayo de 2010 fue encontrado muerto en la vereda Cirilo, de Turbo. Tenía señales de golpes y excoriaciones de arrastre, según testigos y la Policía.
Horas antes, cuentan sus parientes, Valdez comentó que lo habían citado "paramilitares" que lo acusaban de ser "informante" de las autoridades. Tras su muerte, su familia abandonó la finca.
Pero La historia del despojo no terminó con su asesinato. El 25 de junio, en una decisión que cuestiona la CNRR por irregular, la Alcaldía de Necoclí, al constatar que el predio no tenía ocupantes (desplazados), entregó un acta de devolución de las 35 hectáreas al terrateniente Jairo Humberto Echeverri.
Para Carmen Palencia, líder de víctimas en Urabá, este caso es apenas un ejemplo de las trabas legales y las amenazas que impiden a los desplazados recuperar sus tierras. "Cada vez que iniciamos un proceso nos encontramos con testaferros y sus abogados que ponen obstáculos jurídicos o jueces que dilatan todo. A eso súmele amenazas y asesinatos, ya van seis en Urabá".
Nuevo plan de restitución
Para corregir este problema, el presidente electo Juan Manuel Santos plantea como prioridad del nuevo Gobierno la devolución de unas dos millones de hectáreas usurpadas por grupos armados ilegales o en manos de narcotraficantes.
Esa compleja misión será liderada por el ministerio de Agricultura. Con la designación de Juan Camilo Restrepo como nuevo ministro de esa cartera, el plan de restitución de bienes del nuevo Gobierno genera esperanza en las víctimas despojadas de sus bienes.
Restrepo ha sido uno de los más duros críticos de la política agraria del gobierno de Álvaro Uribe, pero según el propio presidente electo Juan Manuel Santos, "él reúne todas las condiciones y tiene un gran bagaje jurídico y una de las propuestas que tenemos es devolverles las tierras a los campesinos que estaban en manos de los narcotraficantes, para hacer una verdadera reforma agraria".
La decisión de confiar la restitución de tierras al Ministerio de Agricultura supone un cambio de estrategia. Hasta ahora, las reclamaciones de tierras se hacen a través del sistema judicial, con procesos lentos y llenos de trámites que tardan años en fallar, mientras las víctimas del despojo padecen todas las carencias como desplazados.
Según le reveló el nuevo ministro de Agricultura a EL COLOMBIANO, un equipo ya trabaja en proyectos de ley y medidas administrativas para agilizar la restitución de bienes.
"Han surgido todo tipo de trabas legales, por eso debemos poner en marcha dispositivos jurídicos y administrativos para agilizar el proceso de restitución y así saldar esta deuda con las víctimas y el campo. Tenemos un camión cuya caja de cambios esta pegada", aseguró Juan Camilo Restrepo.
Sabe que la tarea es titánica. "Esta maraña jurídica y la falta de mecanismos han permitido restituir cerca de 50.000 hectáreas a desplazados por los violentos, una cifra muy baja para la proporción de más de un millón de tierras usurpadas.
El ministro designado anticipó que una de esas "trabas legales" que busca resolver la nueva estrategia del Gobierno, es la destinación de la tierra a la población desplazada que ha sido objeto de extinción de dominio, hoy en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Según Restrepo, "son 450.000 hectáreas recuperadas, a las que se suman entre 250.000 y 300.000 hectáreas otorgadas por el Incora" a personas que las ocuparon tras el desplazamiento forzado de sus propietarios. "Estas tierras están atrapadas en una maraña jurídica y de testaferros y no se ha podido entregar de forma fluida a los desplazados".
Otro mecanismo que proponen víctimas y la CNRR, y que Restrepo considera se podrá aplicar desde la vía judicial, es invertir la carga de la prueba en los litigios por la propiedad de predios entre víctimas reclamantes y los actuales poseedores.
Esto plantea que los propietarios de terrenos en zonas donde ocurrió el mayor despojo de bienes deben demostrar, en caso de litigio, que adquirieron las tierras lícitamente, sin falsificación de títulos, suplantación de personas o ventas forzadas.
Reingeniería del Incoder
Otra medida administrativa que impulsará el ministerio de Agricultura será la "reingeniería" del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder).
"Para agilizar la restitución de bienes y prevenir que se vuelva a repetir el despojo, se requiere avanzar en titulaciones de predios baldíos y en poder de poseedores de buena fe, puesto que el 70 por ciento de la tierra en Colombia está en manos de éstos, pero sin títulos de propiedad", aseguró Restrepo.
Para Gerardo Vega, coordinador de la CNRR en Antioquia, la nueva estrategia del gobierno de Juan Manuel Santos "abre una esperanza para resolver el drama de las víctimas del desplazamiento y el despojo".
La ilusión la comparte Carmen Palencia, líder de víctimas del despojo en Urabá. "Es una buena noticia, siempre pedimos que el ministerio de Agricultura liderara la restitución. La devolución de tierras en Justicia y Paz casi fracasó porque los paramilitares han restituido muy poco".
Ella misma, amenazada por "paramilitares y terratenientes que nos despojaron de todo", anhela contar la historia de la recuperación de sus tierras, que como otros campesinos, sueña tener y cultivar para no seguir viviendo de limosna como desplazados.
» Falta agilidad en procesos de restitución
Los retos que enfrentará el nuevo Gobierno para restituir bienes
El plan de restitución de bienes que liderará el ministerio de Agricultura también genera expectativas entre expertos en el tema, como Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes).
Según Romero, si se examina la sentencia 25 de la Corte Constitucional (que se refiere a la restauración de derechos de los desplazados), el área más atrasada es tierras.
"Se necesita un estatuto de víctimas para resolver la situación de 3.400.000 desplazados que tiene Colombia, con instrumentos eficaces tanto administrativos como jurídicos. Un reto de entrada es fortalecer las instituciones agrarias como Incoder, que hasta hoy son anacrónicas y por eso muchos desplazados que fueron despojados de tierras no tienen títulos para reclamarlas".
Romero agrega que en la actualidad "los procesos de reclamación judicial son lentos, llenos de formalismos y con desventaja para las víctimas, que no tienen recursos para la defensa de sus bienes, mientras los testaferros de narcotraficantes o paramilitares tienen abogados particulares. Desde Codhes y otras instituciones hemos propuesto mecanismos de justicia transicional, como comisiones de la verdad para establecer los verdaderos ocupantes de la tierra".
Gerardo Vega, de la CNRR, espera que la experiencia del Comité Regional de Restitución de Bienes en Antioquia, sean tenidas en cuenta por el nuevo Gobierno debido a que en este departamento se ha logrado la restitución de 149 predios a través de iniciativas nuevas como la cancelación de títulos fraudulentos por vía judicial.
» Contexto
"Hay cuellos de botella por superar": Pearl
La necesidad de una nueva estrategia para la restitución de tierras en Colombia es reconocida por el Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Frank Pearl, funcionario del saliente Gobierno, quien sostiene que se requieren cambios jurídicos y administrativos para resolver los problemas del país en materia de medidas de protección a la propiedad, la restitución de bienes como medida de reparación, estrategias productivas que generen arraigo, el acceso a la tierra, la tenencia y su formalización; así como la conformación de los territorios colectivos de comunidades negras e indígenas.
"En el tema de tierras hay unos cuellos de botella que hay que superar en Colombia: la tenencia de activos y de tierras por parte de grupos ilegales es conocida por todos. El Gobierno y el Estado hoy no tiene mecanismos jurídicos ni mecanismos administrativos eficaces que nos permitan identificar las cadenas de testaferrato, incautar las tierras y extinguirlas", explicó Pearl.
Fuente: El Colombiano
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