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En la reciente Asamblea Anual del BID, el principal mensaje para la región ha sido que los países latinoamericanos están viviendo la que se considera su "década".
Las tasas de crecimiento solo se vieron temporalmente afectadas como consecuencia de la recesión global, y en la actualidad la región experimenta una evidente recuperación.
Se trata de una muy buena década para los 600 millones de personas que habitan en esta parte del planeta, si saben aprovechar las oportunidades y completan las tareas pendientes.
En el contexto colombiano es indudable que una de esas tareas pendientes es la del sector agropecuario, que presenta ineficiencias en el uso de factores y problemas de calidad en los servicios e infraestructura rural.
18,9% del territorio tiene vocación agrícola pero se utiliza solo 4% en esta actividad, mientras que solo 13,3% tiene vocación ganadera pero se utiliza 37,8% en esta actividad. Colombia hace parte de la llamada "despensa agrícola" latinoamericana, que puede ofrecer soluciones reales al incremento de la demanda por alimentos que se vive en la actualidad. Se trata de una demanda con vocación de permanencia, debido a que el aumento de los precios de los alimentos no refleja solo factores temporales sino cambios en la propia estructura de la oferta y la demanda. Brasil, China, India y Rusia, son los grandes mercados que los países productores de alimentos en el mundo disputarán en la próxima década.
Este entorno ofrece a Colombia oportunidades derivadas de las ventajas comparativas que generan sus potenciales agrícolas. Ello requiere avanzar firmemente tanto en la solución al tema de restitución de tierras para las víctimas del conflicto, como en la legalización de la propiedad de más de 50% de los predios rurales que se encuentran hoy en estado de informalidad. Esta situación constituye una de las principales limitantes para impulsar políticas de desarrollo rural verdaderamente inclusivas y sostenibles. Resolver el problema que vive el país con las víctimas del conflicto no sólo es un imperativo moral; también conlleva ventajas hacia el futuro: las provenientes de un recurso humano con capacidad real y experiencia para trabajar la tierra.
Sin embargo, es evidente que la solución no sólo pasa por establecer quiénes son los legítimos propietarios de la tierra.
Adicionalmente se deben generar condiciones para el desarrollo. Los programas de restitución y titulación deben ir acompañados de proyectos ambientalmente cuidadosos que involucren infraestructura, tecnología, innovación e investigación científica, así como apoyos financieros y de comercialización.
Colombia es el único país latinoamericano que ha sufrido una problemática tan compleja como la que representa el desplazamiento de más de 3 millones de personas. Pero es también el único país con tal potencialidad de desarrollo, siempre y cuando se garantice a las víctimas apropiación de las rentas sobre el recurso físico (la tierra) y apoyo para hacer efectiva la productividad. Solo en esas condiciones las políticas pueden hacer del campo un sector jalonador de la economía, como está sucediendo ya en otros países de la región, como Brasil y Perú.
Si bien Colombia viene de una etapa en la cual el conflicto frenó la inversión en el campo, existen factores objetivos representados en el mejoramiento de la seguridad y el incremento en la capacidad financiera que van a experimentar los gobiernos subnacionales, como consecuencia de la reforma a las regalías y el boom minero, que van a permitir avanzar, especialmente en el mejoramiento de la infraestructura.
De esta manera el país sentaría las condiciones para abandonar un enfoque excesivamente urbano y concentrarse en lograr el milagro agrícola que constituye una de las locomotoras del actual Gobierno.
Las tasas de crecimiento solo se vieron temporalmente afectadas como consecuencia de la recesión global, y en la actualidad la región experimenta una evidente recuperación.
Se trata de una muy buena década para los 600 millones de personas que habitan en esta parte del planeta, si saben aprovechar las oportunidades y completan las tareas pendientes.
En el contexto colombiano es indudable que una de esas tareas pendientes es la del sector agropecuario, que presenta ineficiencias en el uso de factores y problemas de calidad en los servicios e infraestructura rural.
18,9% del territorio tiene vocación agrícola pero se utiliza solo 4% en esta actividad, mientras que solo 13,3% tiene vocación ganadera pero se utiliza 37,8% en esta actividad. Colombia hace parte de la llamada "despensa agrícola" latinoamericana, que puede ofrecer soluciones reales al incremento de la demanda por alimentos que se vive en la actualidad. Se trata de una demanda con vocación de permanencia, debido a que el aumento de los precios de los alimentos no refleja solo factores temporales sino cambios en la propia estructura de la oferta y la demanda. Brasil, China, India y Rusia, son los grandes mercados que los países productores de alimentos en el mundo disputarán en la próxima década.
Este entorno ofrece a Colombia oportunidades derivadas de las ventajas comparativas que generan sus potenciales agrícolas. Ello requiere avanzar firmemente tanto en la solución al tema de restitución de tierras para las víctimas del conflicto, como en la legalización de la propiedad de más de 50% de los predios rurales que se encuentran hoy en estado de informalidad. Esta situación constituye una de las principales limitantes para impulsar políticas de desarrollo rural verdaderamente inclusivas y sostenibles. Resolver el problema que vive el país con las víctimas del conflicto no sólo es un imperativo moral; también conlleva ventajas hacia el futuro: las provenientes de un recurso humano con capacidad real y experiencia para trabajar la tierra.
Sin embargo, es evidente que la solución no sólo pasa por establecer quiénes son los legítimos propietarios de la tierra.
Adicionalmente se deben generar condiciones para el desarrollo. Los programas de restitución y titulación deben ir acompañados de proyectos ambientalmente cuidadosos que involucren infraestructura, tecnología, innovación e investigación científica, así como apoyos financieros y de comercialización.
Colombia es el único país latinoamericano que ha sufrido una problemática tan compleja como la que representa el desplazamiento de más de 3 millones de personas. Pero es también el único país con tal potencialidad de desarrollo, siempre y cuando se garantice a las víctimas apropiación de las rentas sobre el recurso físico (la tierra) y apoyo para hacer efectiva la productividad. Solo en esas condiciones las políticas pueden hacer del campo un sector jalonador de la economía, como está sucediendo ya en otros países de la región, como Brasil y Perú.
Si bien Colombia viene de una etapa en la cual el conflicto frenó la inversión en el campo, existen factores objetivos representados en el mejoramiento de la seguridad y el incremento en la capacidad financiera que van a experimentar los gobiernos subnacionales, como consecuencia de la reforma a las regalías y el boom minero, que van a permitir avanzar, especialmente en el mejoramiento de la infraestructura.
De esta manera el país sentaría las condiciones para abandonar un enfoque excesivamente urbano y concentrarse en lograr el milagro agrícola que constituye una de las locomotoras del actual Gobierno.
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