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La ola invernal puso en evidencia la necesidad de sostener una política de control y mitigación de los riesgos a los que está expuesta la actividad productiva agropecuaria.
Hace 18 años, en el año de 1993, Colombia creó el seguro agrícola con subsidio estatal mediante la Ley 69 y la Ley 101 de 1993, para amparar a los productores en sus costos de inversión contra eventos climáticos, como exceso o déficit de lluvia, vientos fuertes, inundaciones, heladas, deslizamientos y granizo. A raíz de la emergencia, hoy se reconoce la importancia que éste tiene. Por este motivo, en un estudio conjunto, donde convergen las apreciaciones de los gremios de Fasecolda, la Sociedad de Agricultores de Colombia, y varias aseguradoras, se hace necesario insistir, como legisladores, en incluir en el actual debate del Plan Nacional de Desarrollo: la ampliación de la cobertura del seguro agropecuario hacia otras actividades aún no incluidas como la pecuaria, forestal, acuícola y avícola y amparar no solamente los perjuicios causados por riesgos naturales sino también por riesgos biológicos o fitosanitarios.
De hecho las afectaciones en el sector agropecuario por la ola invernal fueron grandes. Según el censo, a comienzos del año, 760 mil hectáreas se inundaron, cerca de 300 mil se concentran en 20 municipios, 152 mil en la zona sur y 608 mil en el resto del país. Además, entre los animales muertos se reportaron: en la avicultura cerca de 300 mil, en bovinos alrededor de 70 mil (un millón y medio de desplazados) y en piscicultura más de 740 toneladas de carne y de 6 millones de alevinos perdidos, lo cual confirma que es necesario ampliar el acceso al seguro de otros sectores.
Sin embargo no basta con ofrecer la cobertura e incluso el subsidio de la prima si esta oportunidad del mercado no se conoce ni se accede a ella. Es posible que muchas de las calamidades de la emergencia hubieran sido cubiertas y no se hubieran padecido si existiera una cultura de toma de seguros de protección al proceso productivo. De hecho, durante 2010, se lograron asegurar cerca de 45 mil hectáreas y se suscribieron algo más de 10 mil pólizas. Pero esto sumó sólo el 1% de la proyección de hectáreas sembradas y 47% de los 20 mil millones asignados al Fondo Nacional para Riesgos Agropecuarios en subsidios a las primas, con cargo al Presupuesto de la Nación, del programa previsto por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Por ello si no se involucra una campaña agresiva de información y educación al campesino y a las asociaciones de productores, que cambie la cultura, se pierde el instrumento. La locomotora agropecuaria no debe contar, dentro del Plan de Desarrollo, con una mayor cobertura de seguro sino también con mecanismos de formación al productor en este sentido.
Igualmente, debe impulsarse el mantenimiento de una política de mediano y largo plazo en materia de riesgos, la revisión de los criterios y recomendaciones técnicas, que pueda aportar el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al sector privado, a través de la creación de una Dirección de Riesgos Agropecuarios.
La caída de la declaratoria de la denominada segunda emergencia, nos ha obligado a legislar al respecto. De hecho el Plan de Desarrollo incluirá los mecanismos creados en dicho momento. Una política de control de riesgos de la actividad productiva, como la promovida por varios senadores conservadores, evitarán la cesación de la actividad y las pérdidas en la generación de ingresos, impulsando realmente la locomotora agropecuaria.
Hace 18 años, en el año de 1993, Colombia creó el seguro agrícola con subsidio estatal mediante la Ley 69 y la Ley 101 de 1993, para amparar a los productores en sus costos de inversión contra eventos climáticos, como exceso o déficit de lluvia, vientos fuertes, inundaciones, heladas, deslizamientos y granizo. A raíz de la emergencia, hoy se reconoce la importancia que éste tiene. Por este motivo, en un estudio conjunto, donde convergen las apreciaciones de los gremios de Fasecolda, la Sociedad de Agricultores de Colombia, y varias aseguradoras, se hace necesario insistir, como legisladores, en incluir en el actual debate del Plan Nacional de Desarrollo: la ampliación de la cobertura del seguro agropecuario hacia otras actividades aún no incluidas como la pecuaria, forestal, acuícola y avícola y amparar no solamente los perjuicios causados por riesgos naturales sino también por riesgos biológicos o fitosanitarios.
De hecho las afectaciones en el sector agropecuario por la ola invernal fueron grandes. Según el censo, a comienzos del año, 760 mil hectáreas se inundaron, cerca de 300 mil se concentran en 20 municipios, 152 mil en la zona sur y 608 mil en el resto del país. Además, entre los animales muertos se reportaron: en la avicultura cerca de 300 mil, en bovinos alrededor de 70 mil (un millón y medio de desplazados) y en piscicultura más de 740 toneladas de carne y de 6 millones de alevinos perdidos, lo cual confirma que es necesario ampliar el acceso al seguro de otros sectores.
Sin embargo no basta con ofrecer la cobertura e incluso el subsidio de la prima si esta oportunidad del mercado no se conoce ni se accede a ella. Es posible que muchas de las calamidades de la emergencia hubieran sido cubiertas y no se hubieran padecido si existiera una cultura de toma de seguros de protección al proceso productivo. De hecho, durante 2010, se lograron asegurar cerca de 45 mil hectáreas y se suscribieron algo más de 10 mil pólizas. Pero esto sumó sólo el 1% de la proyección de hectáreas sembradas y 47% de los 20 mil millones asignados al Fondo Nacional para Riesgos Agropecuarios en subsidios a las primas, con cargo al Presupuesto de la Nación, del programa previsto por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Por ello si no se involucra una campaña agresiva de información y educación al campesino y a las asociaciones de productores, que cambie la cultura, se pierde el instrumento. La locomotora agropecuaria no debe contar, dentro del Plan de Desarrollo, con una mayor cobertura de seguro sino también con mecanismos de formación al productor en este sentido.
Igualmente, debe impulsarse el mantenimiento de una política de mediano y largo plazo en materia de riesgos, la revisión de los criterios y recomendaciones técnicas, que pueda aportar el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al sector privado, a través de la creación de una Dirección de Riesgos Agropecuarios.
La caída de la declaratoria de la denominada segunda emergencia, nos ha obligado a legislar al respecto. De hecho el Plan de Desarrollo incluirá los mecanismos creados en dicho momento. Una política de control de riesgos de la actividad productiva, como la promovida por varios senadores conservadores, evitarán la cesación de la actividad y las pérdidas en la generación de ingresos, impulsando realmente la locomotora agropecuaria.
Fuente: http://www.larepublica.com.co/archivos/OPINION/2011-04-08/nuevo-seguro-agropecuario_125957.php
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