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En la columna de la semana pasada se analizó la pertinencia y la coherencia de la reforma institucional que adelantó el Gobierno a finales de 2015, en particular la relación que hay entre los principios básicos del desarrollo rural contemporáneo (la integralidad y el enfoque territorial) con el objeto y las funciones de la recién creada Agencia de Desarrollo Rural.
Diferentes estudios realizados durante los últimos años sobre la institucionalidad agropecuaria y rural en Latinoamérica ponen de presente la importancia que esta tiene para el desarrollo sectorial y señalan cómo algunos países han adoptado arreglos institucionales ajustados a las nuevas realidades y exigencias.
Como lo estableció el informe sobre desarrollo humano del Pnud, la institucionalidad agropecuaria y rural del país, antes que avanzar en la dirección de los nuevos paradigmas sectoriales, ha involucionado, pues con el tiempo dicha institucionalidad se ha reducido, debilitado y desarticulado.
Con el fin de darle solución a esta problemática y en particular para responder a los retos del desarrollo rural con enfoque territorial, algunos estudios recientes han elaborado propuestas de cambios en la institucionalidad sectorial.
El más reciente fue el de la Misión para la Transformación del Campo (mejor conocida como la Misión Rural) que, en materia de desarrollo rural y agropecuario, propuso la creación del Fondo de Desarrollo Rural que tendría como objeto la promoción, la gestión y la cofinanciación de programas y proyectos. Esta sería una entidad del orden nacional.
Para "desempeñar sus funciones en lo referente a programas y proyectos de iniciativa local y regional", se propone que el Fondo adelante convenios con las gobernaciones para crear las Unidades Técnicas Territoriales.
Esta figura establece una relación de dependencia de las Unidades Territoriales del Fondo, asemejándose así a lo que ocurre con la recién creada Agencia de Desarrollo Rural y sus brazos regionales que reciben el mismo nombre de las Unidades propuestas por la Misión. Con ello, el centro mantiene el control del desarrollo rural territorial, relegando a los territorios a un papel secundario.
Otros estudios realizados por Fedesarrollo, en el año 2014, y el Crece, en el 2006, propusieron estructuras alternativas que rompen con la preeminencia del centro sobre los territorios, que es lo que postula el enfoque del desarrollo rural territorial.
Para ello se plantea la creación de instancias regionales independientes encargadas de la gestión y la ejecución de los programas y los proyectos de desarrollo rural en los territorios.
De igual manera, se establecen mecanismos de definición y coordinación a nivel nacional de las políticas y los recursos para el desarrollo rural. Esto va acompañado de una instancia de encuentro y diálogo entre el Gobierno nacional y los territorios que asegura la definición de las acciones a realizarse y los compromisos de los actores. Con estas estructuras se garantiza la integralidad de las ejecutorias y la coordinación entre niveles.
Si el Gobierno hubiera tenido en cuenta este tipo de propuestas al momento de plantear la reforma al sector habría asegurado la coherencia (que hoy no se tiene) entre el discurso del desarrollo rural territorial y la institucionalidad para hacerlo realidad.
Fuente: http://bit.ly/20chlYb
