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En medio del respaldo de las bancadas cercanas al Gobierno y de las críticas de la oposición, continúa en el Congreso la discusión de proyectos de ley que se enmarcan dentro del conocido fast track, un método expedito avalado por la Corte Constitucional para desarrollar legislativamente el acuerdo de paz firmado con las Farc el año pasado.
Hasta ahora, media docena de iniciativas han sido aprobadas y aún queda al menos otro tanto pendiente de salir adelante, o de comenzar a discutirse en el Capitolio.
En esa lista se encuentra una propuesta que, en contraste con otras más polémicas, despierta pocas resistencias. Se trata de la que crea el sistema nacional de innovación agropecuaria, un tema a primera vista técnico, pero de enorme importancia para el futuro del país. Incluso quienes discrepan de la versión del Gobierno reconocen que de recibir luz verde, el articulado mejoraría lo que hoy en día existe.
Sin entrar en honduras, lo que busca el texto que está cerca de entrar en su recta final es establecer un método más expedito para que las mejoras en el conocimiento lleguen al campo, a través de una mayor productividad, con énfasis en la sostenibilidad. Para nadie es desconocido que Colombia cuenta con condiciones naturales únicas para ser una potencia agropecuaria, pero que esas posibilidades se diluyen en las dificultades prácticas.
Una de ellas es que la mayoría de los productores no saben de los avances conseguidos, ya sea por parte de la ciencia o de la experiencia. Para citar un caso, el desarrollo de nuevas variedades de semillas asegura un rendimiento más elevado por cosecha, pero sirve de poco si los cultivadores ignoran su existencia. Para mencionar otro, hay maneras de sembrar que permiten racionalizar el uso del agua o de fertilizantes sin que la gran mayoría de los campesinos las conozcan.
Los datos al respecto son elocuentes. De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario, para el 2013 apenas 16 por ciento de las unidades de producción reportaron haber recibido asistencia técnica para el desarrollo de su actividad. Así, cerca de dos millones de predios no contaron con ese tipo de acompañamiento.
Como si lo anterior fuera poco, el apoyo está concentrado en unos pocos departamentos, con una preponderancia de Antioquia, Huila, Cauca y Tolima. En cambio, los antiguos territorios nacionales, que incluyen la zona de la Orinoquia, fueron los más desatendidos.
Por tal motivo, hay que hacer las cosas de manera diferente. Independientemente de lo suscrito con la guerrilla, el mensaje es que lo que hoy existe no funciona bien. Debido a ello, vale la pena respaldar el que es, sin duda, un marco ambicioso que podría transformar la realidad en las zonas rurales.
Para que eso suceda, el proyecto en cuestión crea y complementa espacios de articulación que comprenden un consejo superior, comités técnicos mixtos y mesas de trabajo, llegando al nivel municipal. Además de darle vida a un plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, es importante la migración del concepto de asistencia a la extensión agropecuaria, que se enfoca en el desarrollo de capacidades por parte de los productores.
Los elementos que comprende la iniciativa son muchos más e incluyen el complejo punto de tasas y tarifas. Más de un gremio ha hecho sus planteamientos sobre este y otros acápites, mientras que algunos desearían estar incluidos de manera explícita en diversas instancias.
Pero más allá de las observaciones –que seguramente serán discutidas en el Congreso–, lo importante es dar el paso de adoptar un esquema que opere. El reto a partir de ahí es hacer que el marco institucional funcione, algo que demandará liderazgo por parte del Gobierno, pero sobre todo en los ámbitos regionales y locales. La forma en que se muevan los engranajes, determinará si el sistema planteado merecía o no las esperanzas que hoy despierta.
Fuente: http://bit.ly/2qUUtA9
