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La inversión agropecuaria en las primeras fases de la cadena, como es producción y transformación primaria, es lo que coloquialmente se llama poner el capital al sol y al agua, máxime cuando estamos al frente de cambios climáticos que pueden alterar los ciclos productivos y la misma productividad esperada.
Es lógico que realizar actividades agropecuarias sin contar con la información adecuada como costos, precios, mercados, así como llevarlas a cabo en zonas agroecológicas no aptas, no contar con infraestructura de riego o drenaje, asistencia técnica, e instrumentos de cobertura, es asumir mayores riesgos que luego pueden reflejarse en menores expectativas de ingreso y generar desanimo para emprender nuevos proyectos productivos.
Para avanzar en la dirección correcta de brindar mejores condiciones a la producción agropecuaria, el Gobierno Nacional viene poniendo en marcha una serie de programas que son claves para realizar una mejor gestión del riesgo agropecuario, de tal forma que le brinde herramientas a todos los actores de la cadena como a los intermediarios financieros que perciben que no cuentan con la suficiente información para financiar los proyectos agropecuarios y rurales, sobre todo de los medianos y pequeños productores.
Contar cada vez con mayor información georeferenciada sobre regiones, suelos y su potencialidad para distintos cultivos es un valor agregado muy grande de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA para una gestión agropecuaria más exitosa.
Sobre este pilar se construyó el Programa Colombia Siembra que brinda lineamientos sobre renglones productivos y las regiones con mayor potencial para adelantar actividades agropecuarias con mayor competitividad. Si bien hoy el mapa productivo regional todavía no está completo es un gran avance con lo que se cuenta en este momento vale la pena apoyar este trabajo.
Adicional a lo anterior, está el papel articulador que viene realizando Finagro con distintas entidades como el ICA, Corpoica, Ideam, UPRA, Ministerio de Agricultura, Banco Agrario, gremios de la producción, entre otros, para contar con información en distintos campos del sector agropecuario como costos de producción, clima, precios y mercados que sirvan de manera oportuna para la toma de decisiones tanto de inversión como de financiamiento.
Este aspecto es crucial para realizar una más adecuada gestión de los riesgos que presenta la actividad agropecuaria. Sumar acciones y concretarlas indudablemente es mucho mejor que los esfuerzos institucionales aislados que arrojan pocos resultados a unos costos sociales muy altos. El apoyo del gobierno de Canadá a través de la cooperación internacional de Pasac ha venido siendo efectiva en este proceso.
También, encontramos un avance importante en el seguro agropecuario que administra Finagro cuyos recursos provienen del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios que capitaliza el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura. Si bien fue creado hace 23 años con el Ley 69 de 1993, es en los dos últimos años que ha tomado impulso asegurando cada vez un mayor número de hectáreas de arroz, banano, maíz, plantaciones forestales y caña de azúcar, entre otros.
En el 2015 se aseguraron un total de 187 mil hectáreas por valor cercano a un billón de pesos de inversiones en el sector. Si bien todavía es un porcentaje bajo frente al número de hectáreas cultivadas, si deja un claro mensaje de lo potente del instrumento para asegurar una base productiva agropecuaria en crecimiento.
Conocemos que bajo la coordinación de Finagro y el apoyo de la cooperación canadiense Pasac se vienen estructurando nuevos productos de seguros que van a impactar muy positivamente el desarrollo de las actividades agropecuarias en condiciones de sostenibilidad.
Ellos son el seguro de ingreso que tiene como objetivo proteger a las empresas agropecuarias contra las pérdidas de ingresos debido a las fluctuaciones de los precios del mercado y de los costos de producción; el seguro colectivo orientado a la adquisición de una póliza entre varios productores agropecuarios con características similares, que busca economías de escala y reducción de los costos de la prima a nivel individual.
El seguro catastrófico que tiene como finalidad ofrecer protección social a sectores y zonas particulares de productores agropecuarios frente a eventos naturales y biológicos de baja ocurrencia pero de alta severidad e impacto.
Este último tiene una alta trascendencia para regiones productivas específicas, donde es más eficiente socialmente cubrir estos riesgos que disponer de grandes sumas de dinero del presupuesto nacional para apoyar a las familias rurales a superar los desastres.
Todo lo anterior es clave para decir que es mejor prevenir que curar. Es más eficiente potenciar este desarrollo de instrumentos y dar luego incentivos a los productores para su uso que permiten realizar una gestión del riesgo más estructurada y a menores costos sociales, que estar disponiendo recursos para atender los reclamos sociales de los productores para aliviar las deudas de crédito ante las dificultades para cumplirlas por fenómenos climáticos o de plagas que afectan su actividad productiva. Esto no solo genera malestar social sino que desestimula a los productores a vivir en el campo por las afectaciones a su calidad de vida.
En cambio, si dotamos al sector de instrumentos idóneos para la gestión del riesgo agropecuario, como los que se vienen desarrollando, es posible generar impactos positivos durables donde los productores se pueden cubrir ante eventuales fenómenos naturales y de mercado que en caso de presentarse van a disponer nuevamente de los recursos para seguir en la actividad agropecuaria; así mismo, los intermediarios financieros van a tener mayor información de los proyectos a financiar e incluso podrán ofrecer menores tasas de interés porque los clientes están cubiertos de ciertos riesgos que muchas veces son un obstáculo para su financiación. Tenemos opción de caminar mejor en el campo y hacer más sostenible y competitiva su producción.
Es lógico que realizar actividades agropecuarias sin contar con la información adecuada como costos, precios, mercados, así como llevarlas a cabo en zonas agroecológicas no aptas, no contar con infraestructura de riego o drenaje, asistencia técnica, e instrumentos de cobertura, es asumir mayores riesgos que luego pueden reflejarse en menores expectativas de ingreso y generar desanimo para emprender nuevos proyectos productivos.
Para avanzar en la dirección correcta de brindar mejores condiciones a la producción agropecuaria, el Gobierno Nacional viene poniendo en marcha una serie de programas que son claves para realizar una mejor gestión del riesgo agropecuario, de tal forma que le brinde herramientas a todos los actores de la cadena como a los intermediarios financieros que perciben que no cuentan con la suficiente información para financiar los proyectos agropecuarios y rurales, sobre todo de los medianos y pequeños productores.
Contar cada vez con mayor información georeferenciada sobre regiones, suelos y su potencialidad para distintos cultivos es un valor agregado muy grande de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA para una gestión agropecuaria más exitosa.
Sobre este pilar se construyó el Programa Colombia Siembra que brinda lineamientos sobre renglones productivos y las regiones con mayor potencial para adelantar actividades agropecuarias con mayor competitividad. Si bien hoy el mapa productivo regional todavía no está completo es un gran avance con lo que se cuenta en este momento vale la pena apoyar este trabajo.
Adicional a lo anterior, está el papel articulador que viene realizando Finagro con distintas entidades como el ICA, Corpoica, Ideam, UPRA, Ministerio de Agricultura, Banco Agrario, gremios de la producción, entre otros, para contar con información en distintos campos del sector agropecuario como costos de producción, clima, precios y mercados que sirvan de manera oportuna para la toma de decisiones tanto de inversión como de financiamiento.
Este aspecto es crucial para realizar una más adecuada gestión de los riesgos que presenta la actividad agropecuaria. Sumar acciones y concretarlas indudablemente es mucho mejor que los esfuerzos institucionales aislados que arrojan pocos resultados a unos costos sociales muy altos. El apoyo del gobierno de Canadá a través de la cooperación internacional de Pasac ha venido siendo efectiva en este proceso.
También, encontramos un avance importante en el seguro agropecuario que administra Finagro cuyos recursos provienen del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios que capitaliza el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura. Si bien fue creado hace 23 años con el Ley 69 de 1993, es en los dos últimos años que ha tomado impulso asegurando cada vez un mayor número de hectáreas de arroz, banano, maíz, plantaciones forestales y caña de azúcar, entre otros.
En el 2015 se aseguraron un total de 187 mil hectáreas por valor cercano a un billón de pesos de inversiones en el sector. Si bien todavía es un porcentaje bajo frente al número de hectáreas cultivadas, si deja un claro mensaje de lo potente del instrumento para asegurar una base productiva agropecuaria en crecimiento.
Conocemos que bajo la coordinación de Finagro y el apoyo de la cooperación canadiense Pasac se vienen estructurando nuevos productos de seguros que van a impactar muy positivamente el desarrollo de las actividades agropecuarias en condiciones de sostenibilidad.
Ellos son el seguro de ingreso que tiene como objetivo proteger a las empresas agropecuarias contra las pérdidas de ingresos debido a las fluctuaciones de los precios del mercado y de los costos de producción; el seguro colectivo orientado a la adquisición de una póliza entre varios productores agropecuarios con características similares, que busca economías de escala y reducción de los costos de la prima a nivel individual.
El seguro catastrófico que tiene como finalidad ofrecer protección social a sectores y zonas particulares de productores agropecuarios frente a eventos naturales y biológicos de baja ocurrencia pero de alta severidad e impacto.
Este último tiene una alta trascendencia para regiones productivas específicas, donde es más eficiente socialmente cubrir estos riesgos que disponer de grandes sumas de dinero del presupuesto nacional para apoyar a las familias rurales a superar los desastres.
Todo lo anterior es clave para decir que es mejor prevenir que curar. Es más eficiente potenciar este desarrollo de instrumentos y dar luego incentivos a los productores para su uso que permiten realizar una gestión del riesgo más estructurada y a menores costos sociales, que estar disponiendo recursos para atender los reclamos sociales de los productores para aliviar las deudas de crédito ante las dificultades para cumplirlas por fenómenos climáticos o de plagas que afectan su actividad productiva. Esto no solo genera malestar social sino que desestimula a los productores a vivir en el campo por las afectaciones a su calidad de vida.
En cambio, si dotamos al sector de instrumentos idóneos para la gestión del riesgo agropecuario, como los que se vienen desarrollando, es posible generar impactos positivos durables donde los productores se pueden cubrir ante eventuales fenómenos naturales y de mercado que en caso de presentarse van a disponer nuevamente de los recursos para seguir en la actividad agropecuaria; así mismo, los intermediarios financieros van a tener mayor información de los proyectos a financiar e incluso podrán ofrecer menores tasas de interés porque los clientes están cubiertos de ciertos riesgos que muchas veces son un obstáculo para su financiación. Tenemos opción de caminar mejor en el campo y hacer más sostenible y competitiva su producción.
Fuente: http://bit.ly/28O7JKN
