sábado, 13 de enero de 2018


Promesas y reformas

Una de las características de la economía colombiana es su relativa amplia disponibilidad de tierra con vocación agrícola. Además de ello, se tienen tierras con potencial para la ganadería y la actividad forestal.

De este potencial, en la producción agrícola se utiliza alrededor de una cuarta parte. Infortunadamente, el mayor uso de la tierra agropecuaria se destina a la producción ganadera. De esta forma, la ganadería no sólo utiliza tierra con vocación para esta actividad sino que parte del suelo con vocación agrícola se ocupa para la producción ganadera.

Finalmente, para la producción forestal se destina una pequeña parte del potencial disponible.

Frente al relativamente favorable mapa de disponibilidad y uso de la tierra para fines agropecuarios y dado el importante potencial de uso de la tierra agrícola, a muchos (en especial a los políticos) les queda fácil formular, pensando en un futuro cercano, amplias metas de crecimiento del área sembrada.

Así, en pasadas campañas electorales se llegó a hablar de que en el transcurso de un período presidencial se iba a, por ejemplo, duplicar el área sembrada o que se iban a sembrar cinco u ocho millones de hectáreas.

Generalmente, estas promesas se hacen sin plantear una estrategia de desarrollo que asegure que, en una economía de mercado, el sector privado estaría en disposición de concretar las inversiones que harían realidad las ambiciosas metas políticas de siembra y producción agropecuarias.

Para colmo, tampoco se ahonda en las políticas y en las instituciones que deben asegurar las transformaciones y el desarrollo de los capitales y las capacidades que lleven a hacer del campo el edén esperado.

Normalmente, lo que se ofrece es crédito (con tasas subsidiadas), apoyos, subsidios y acceso a la tierra. Los bienes públicos (como la investigación, la adecuación de tierras, las vías, la capacitación o la asistencia técnica) poco o nada se priorizan.

Durante las últimas décadas, en las actuaciones de los gobiernos, ha dominado el primer grupo de políticas agrícolas, mientras que la inversión en bienes públicos para el campo ha sido la cenicienta. Los resultados de las ejecutorias están a la vista: avances, muy limitados, en materia de crecimiento del área, de la productividad y de la producción agropecuaria.

Al comparar los logros del país en estos tres indicadores frente al promedio mundial y las principales agriculturas latinoamericanas se encuentra, como lo muestran diversos estudios, que Colombia marcha rezagada y este atraso es aún mayor en las actividades de exportación, que constituyen el principal motor del crecimiento de muchas de las agriculturas exitosas de la región.

Los estudios de la Ocde, la Misión Rural y Fedesarrollo han mostrado que los problemas del crecimiento y el desarrollo agropecuario y rural están asociados a fallas estructurales en las políticas y las instituciones del sector.

Por tanto, mientras no se corrijan estas limitaciones, los avances para hacer del campo un sector dinámico y generador de oportunidades que contribuya al desarrollo general continuarán siendo limitados. En otras palabras, al Edén sólo se llega si se ponen en práctica reformas de gran calado.

Fuente: https://goo.gl/jZxh7d

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