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Comentaba en mi anterior artículo la necesidad de implantar, desarrollar y fomentar los seguros agrarios mediante actuaciones coordinadas entre aseguradoras, los gremios de la producción agropecuaria y las instituciones públicas.
Los agricultores y ganaderos, como afectados por el acaecimiento de riesgos de la naturaleza y destinatarios finales de las políticas de seguros agrarios. Las entidades aseguradoras, como profesionales de la gestión de los riesgos y las administraciones públicas, como garantes del interés de los productores del campo en la búsqueda de soluciones eficaces para la protección de los riesgos.
La experiencia nos pone de manifiesto que en los países en los que existe dicha colaboración, como es el caso de Estados Unidos y España, los aseguradores son capaces de ofrecer a los agricultores y ganaderos coberturas multirriesgo, seguros de rendimientos e incluso seguros de ingresos, mientras que en aquellos países en que no se produce esta situación, solo se dispone de seguros con coberturas ante muy pocos riesgos.
Aplaudo las buenas intenciones y compromiso del ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo. Como aquí lo que se trata, es que al Gobierno le vaya bien para que a los productores del campo les vaya mejor, es conveniente que todos los actores que intervienen en el sistema de aseguramiento diseñemos unas directrices en materia de política de seguros agrarios, que brinden soluciones eficaces a las explotaciones afectadas por la ocurrencia de daños de naturaleza catastrófica que perturban seriamente la economía de los agricultores y ganaderos de nuestro país.
Para dar solución a estos constantes contratiempos, lo ideal es la aprobación de una Ley de seguros agrarios, que establezca las funciones y compromisos de las instituciones que intervienen en los sistemas de aseguramiento. Entre tanto, es procedente realizar los correspondientes estudios de viabilidad técnica y actuarial para establecer los términos de dicho aseguramiento, los cuales, como es lógico, deben llevarse a cabo mediante la colaboración con las restantes instituciones y organizaciones implicadas en el sistema de seguros.
Otro aspecto importante es la actualización de los mapas de riesgo y la gestión ante las compañías aseguradoras para crear un consorcio bajo el sistema de Coaseguro, con el fin de gestionar los riesgos del esquema del seguro agropecuario. Esta forma de sociedad anónima con un capital social determinado, permite utilizar la fórmula de escoger la porción de riesgo que la compañía quiere asumir dentro del cuadro de coaseguro en función de su propia política aseguradora. Aparte de lo anterior, está la economía de escala que se consigue teniendo un único gestor para el mismo tipo de riesgo. En España por ejemplo, Agroseguros gestiona todo el sistema de seguro agrario con el 5% de las primas, algo que es absolutamente impensable para una compañía de seguros que trabaje aisladamente. Y con ese presupuesto se puede además financiar estudios e investigación relacionados con el comportamiento de los cultivos o los métodos y técnicas de tasación, que permitirá a los peritos actuar de forma ajustada a la realidad científica del daño producido.
Si no se establece un esquema de coaseguro entre las compañías de seguros, es imposible que este programa alcance un grado importante de aseguramiento, ya que se trata de hacer frente a riesgos que, por su intensidad, extensión, frecuencia aleatoria y costo económico, prácticamente no puede asumir cualquier aseguradora que actúe en forma aislada.
Estamos ante un negocio 'al aire libre', que necesita ser atendido a través de un esquema de aseguramiento eficiente, que asegure riesgos y no siniestros.
Por Indalecio Dangond B.
idangond@hotmail.com
Fuente: http://bit.ly/wPBdTq
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