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Enhorabuena se tramitan en Colombia iniciativas legales que responden a la necesidad de atender al país rural que en gran parte sigue escapando de los destinos de la legalidad y la modernidad.
Colombia tiene una gran deuda con lo rural, en la estructura de tenencia de la tierra, el uso del territorio y su integración con la vida nacional. El reciente informe de las Naciones Unidas es contundente en este sentido. Una ley de tierras con enfoque de desarrollo rural, es decir, un instrumento legal para devolver a sus propietarios lo que nunca dejó de pertenecerles, es un elemento básico para un país que quiera avanzar.
Sin embargo, como lo hace notar Juan Pablo Ruiz en una columna de Razón Pública, mientras el país olvidaba lo rural el mundo cambió, y las políticas no solamente deben enfrentar los asuntos pendientes, sino integrarlos con los grandes retos del siglo XXI. Para ello se requiere una mirada renovada del país rural, que no parece presente en los textos legales.
Los tres millones de damnificados de la pasada ola invernal, en gran parte habitantes rurales, demuestran que el reto no es solamente el desarrollo rural, sino su integración con la gestión ambiental del territorio para no aumentar su vulnerabilidad y propiciar la adaptación.
Cierto que el Estado evitó una hambruna a través de la distribución de alimentos en medio de la emergencia, pero ahora se trata de reconstruir una economía rural que además de sostenible sea resiliente, es decir, que esté en capacidad de resistir y mantenerse ante los embates climáticos que, por lo pronto, no cesarán. Para ello la política debe concebirse como una forma de gestión ecológica del territorio. Éste no es un tema del llamado sector ambiental, es un imperativo de carácter general.
La biodiversidad, frecuentemente relegada como un asunto de interés científico en los ecosistemas naturales o las áreas protegidas, adquiere en el desarrollo rural sostenible y adaptativo una importancia esencial: el mantenimiento y la reconstrucción de la capacidad productiva de los ecosistemas, de la provisión de servicios para la sociedad y la base de la adaptación ante el cambio climático.
Lo que está en juego, en últimas, es la construcción de una nueva visión multifuncional del territorio rural.
Una ley de desarrollo rural que no reconoce la necesidad de retribuir desde las ciudades un pago por los servicios a la gran minoría rural y una ley de tierras que no exige el ejercicio de los deberes plasmados en la flamante y constitucional "dimensión social y ambiental de la propiedad privada", serían instrumentos regresivos frente a los imperativos del cambio ambiental global.
Es el momento, además, de consolidar iniciativas hoy algo marginales, como la conservación privada y las reservas privadas de la sociedad civil. Gran oportunidad tiene el país para simultáneamente actualizarse con su pasado y enfrentar los retos del futuro. Como diría el investigador Darío Fajardo, para sembrar la paz hay que aflojar la tierra. Pero para sembrar bienestar, hay que abrir la mente.
Fuente: http://bit.ly/zWaLUk
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