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En medio del lánguido, aunque anticipado, crecimiento del segundo trimestre de 2017, que bordeó 1,3% anual, luce relativamente esperanzador el repunte de la actividad agropecuaria. En efecto, junto con el sector de establecimientos financieros, el sector agropecuario exhibió un importante dinamismo y se expandió a un ritmo de 4,4%, uno de los mejores desempeños de los últimos lustros.
La expansión de la producción de cultivos no tradicionales, que se incrementó cerca de 12,5%, máximo histórico desde 2001, se lee por supuesto positiva e invita a la reflexión sobre la necesaria y deseable diversificación productiva que demanda el país. Es necesario señalar, sin embargo, el carácter imperativo de la superación de los retos estructurales que aún persisten en materia de desarrollo productivo sostenible si queremos que este tipo de dinámicas no sean "flor de un día", sino señales de un verdadero desarrollo y progreso rural.
Un dinámica positiva y sostenible, además de ser fundamental para el crecimiento económico, resulta ser altamente propicia no solo para ingresar exitosamente a través de las múltiples puertas que se han tocado en los nuevos mercados internacionales, sino para generar empleos más dignos en el campo y afianzar la reconciliación social, elementos propios de un verdadero desarrollo económico y social.
En la consecución de un verdadero desarrollo rural y de un proceso de diversificación agropecuaria perdurable, se requiere que, sin cavilaciones, se logre la articulación con el financiamiento rural. Esto implica, hoy con mayor razón en el marco de la implementación de los acuerdos del Teatro Colón, mayores niveles de seguridad jurídica y fortaleza de los derechos reales. De aquí la importancia que la concepción de la normatividad que se expida deba estar soportada por evaluaciones de impacto que permitan viabilizar su cumplimiento.
En este frente, pocas herramientas pueden aportar tanto como un Sistema General de Información Rural (SGIR), en el cual se pueda realizar una clara radiografía tanto de la oferta como de la demanda de bienes y servicios rurales. A partir de un SGIR, el gobierno contará con la fuente primaria para la asistencia técnica especializada y gratuita que se requiere para que se configuren proyectos afines con la vocación de la tierra y con las cadenas productivas y con lineamientos explícitos no solo en el ámbito productivo, sino también en la comercialización de bienes y servicios rurales.
En este sistema de información, el sector financiero podrá también encontrar una herramienta idónea para robustecer la gestión de riesgos de los proyectos agropecuarios, facilitando significativamente la irrigación de los recursos crediticios que hoy requiere nuestro campo para tecnificarse y ser competitivo, anhelos que han perdurado por décadas pero que han carecido de una materialización efectiva.
En tiempos de desaceleración económica y de austeridad presupuestaria, el país necesita acelerar la diversificación de su aparato productivo para generar recursos que financien procesos de desarrollo sostenido. Si estos procesos pueden concretarse con prontitud en el campo, no solo daremos pasos hacia adelante en el proceso de reactivación económica, sino también en la lucha contra la pobreza y la inequidad, flagelos que se concentran, esencialmente, en nuestras zonas rurales.
Bienvenida la diversificación productiva en el campo, pero de la mano de políticas publico/privadas proclives a superar los grandes lastres que ha venido exhibiendo nuestro sector rural en las últimas décadas.
Fuente: http://bit.ly/2wXRvha
