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De tiempo atrás y ante el fracaso de la incursión del Estado en las actividades comerciales propias del sector privado, se ha tenido como norma la separación de funciones y campos de acción entre ambos actores.
Según el Banco Mundial, para el desarrollo de la agricultura, les corresponde a los productores individuales, a sus asociaciones y a las empresas privadas llevar a cabo la producción y la comercialización de los diferentes bienes agropecuarios.
Por su parte, el Estado debe centrar sus esfuerzos en la generación de bienes públicos (como son la investigación, la asistencia técnica, la información, el riego y las vías terciarias) para la agricultura y la población rural. Igualmente, debe corregir las fallas de mercado, fomentar la competitividad y promover la inclusión social de los grupos rurales de menores ingresos.
Diversos estudios internacionales y nacionales ponen de presente las bondades que representa el hecho de que el Estado dedique los recursos gubernamentales a la creación de bienes públicos. Entre las ventajas están el beneficio generalizado a los diferentes grupos sociales y un mayor impacto sobre la productividad y la producción sectorial.
En Colombia, los calamitosos fracasos de décadas atrás dejaron en claro que el Estado no debería embarcarse en las actividades productivas y comerciales agrícolas.
Por ello es que, en la reciente Ley 1776 mediante la cual se crean las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), el Gobierno Nacional se limita a crear las condiciones para que los empresarios y los pequeños productores sean quienes asuman la producción agropecuaria.
Contradiciendo todo lo anterior, en días pasados, mediante la Ordenanza 27 de 2016, se creó la empresa Antioquia Siembra, cuyo objeto social es "promover el desarrollo integral del campo" a partir de "la siembra, producción, transformación, comercialización, industrialización y tecnificación de la actividad agrícola y pecuaria".
La empresa será capitalizada con recursos del Departamento hasta por ciento cincuenta mil millones de pesos y se pretende llegar a invertir hasta quinientos mil millones de pesos, para lo cual se espera que la Asamblea Departamental autorice comprometer los recursos a través de vigencias futuras.
Entre las funciones de la empresa están, además de la siembra y la comercialización de productos agropecuarios, otras que son propias de la misión de la Gobernación y en particular de la Secretaría de Agricultura como las de "generar estrategias de desarrollo agropecuario", de "adelantar programas de formación y educación" y la promoción de "tecnologías de punta".
Según la Ordenanza, pareciera que Antioquia Siembra operará a través de la figura de "Operadores Logísticos Agropecuarios", que son personas naturales o jurídicas que se encargarán del diseño, montaje y operación de los proyectos productivos.
Esto, de ser así, llevaría a la empresa a convertirse en un agente inmobiliario, función propia del sector privado.
Si lo que en el fondo se busca es facilitar el acceso a la tierra por parte de los empresarios, la Gobernación, en conjunto con el Gobierno Nacional, debería llevar a cabo acciones que ayuden a que el mercado de tierras opere adecuadamente.
Antes que repetir los estruendosos descalabros de Friogan y de los frigoríficos del Fondo Nacional del Ganado, la Gobernación de Antioquia, en su propósito de fomentar el desarrollo agropecuario empresarial de la región, debería promover la creación de un fondo de capital de riesgo que, a través de su participación en proyectos y empresas, apalanque dicho desarrollo.
Fuente: http://bit.ly/2c4aBcR
