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Nunca el campo colombiano había tenido una propuesta de política más integral y más concreta que la ofrecida por la Misión Rural dirigida por José Antonio Ocampo. Y nunca el agro había estado en una situación más crítica que la de ahora. Los datos ofrecidos por el censo agropecuario sobre la improductividad, la pobreza, la exclusión y la marginalidad en el campo, son aterradores.
Han sido 25 años de un esfuerzo sistemático por desmantelar la institucionalidad del sector agropecuario. Desde el gobierno de César Gaviria cuando, absorbidos por el embeleco de que el mercado es el que mejor asigna los recursos, emprendió la tarea de dinamitar todo lo que oliera a intervencionismo estatal. Mientras el mundo entero se metía de lleno en políticas de subsidio y protección, aquí íbamos en la tendencia opuesta. Eso sí, sin desproteger a los rentistas del agro que ayudaban con algo en la campaña electoral.
El empeño de los siguientes gobiernos por continuar la demolición, ha sido una de las pocas tareas que se han cumplido a cabalidad. Pero como los neoliberales colombianos no tuvieron la sangre fría como para dejar que los mercados funcionaran, se dieron a la tarea de crear toda suerte de entidades para ayudar a que la acción del mercado fuera ser cada vez mejor. El fracaso fue total.
Las instituciones creadas, cuando no han tenido que ser reestructuradas, han sido suprimidas sin formula de juicio. Con todo y los problemas del ICA, el Incora, la Caja Agraria, el Idema, el Inat, el Inap o el DRI, todavía sus resultados no son superados por las instituciones que las han reemplazado. Tanto como los técnicos agrarios han sido sustituidos por recomendados políticos de escasa calidad.
Por lo menos es una de las razones por las que hoy debemos importar más de 10 millones de toneladas de alimentos y tenemos una agricultura desprovista de una visión de futuro y sin mecanismos de comercialización, asistencia técnica, adecuación de tierras o investigación o desarrollo tecnológico. Por eso allí también han florecido los agentes de la violencia. Que han sido 25 años. La mitad del tiempo de conflicto con las FARC.
Pero, por fortuna, no todo son malas noticias. La insistencia de la Misión Rural en promover enfoques asociativos que conviertan a los campesinos de jornaleros en socios de los grandes inversionistas; en que se sustituya el asistencialismo técnico por los programas de acompañamiento productivo para el emprendimiento empresarial; y el desarrollo de modelos de banca de inversión agropecuarias que apoyen los esfuerzos empresariales, emergen como formulas realistas.
Y sobre todo, hay que ejercer una gran presión para que el Estado asuma un control efectivo de las malas prácticas competitivas en que están incurriendo las grandes multinacionales de insumos y agroquímicos. Para vender sus productos, le prestan asistencia técnica o dan crédito a los campesinos, cuando no los obligan a utilizar semillas no autóctonas, con las que comienzan a deteriorar la capacidad competitiva que podíamos tener, como sucede con el cacao, maíz o arroz en muchos municipios del Valle del Cauca.
Hay que aprovechar a fondo las iniciativas como las planteadas por entidades como Infivalle, que está proponiendo la creación de una misión técnica para aterrizar las propuestas de la Misión Rural, y aplicadas al Departamento del Valle; la creación de un fondo para el desarrollo de pequeños emprendimientos campesinos que puedan dar saltos cualitativos; y la puesta en marcha de programas de colaboración pública y privada (nacional e internacional) para el desarrollo de la investigación y desarrollo en el campo.
No hay que esperar a que los acuerdos con las FARC sean los que traigan el riego o la infraestructura vial o los proyectos productivos. ¿Porqué no arrancar antes de que decidan si apoyan o no el plebiscito?
Fuente: http://bit.ly/2aPf9yA
