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La Ley 135 de 1961 promovida por el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, aunque tenía un carácter reformista, trato de superar las debilidades que tuvo la Ley de tierras (ley 200/36). Estableció como propósitos nodales la supresión del minifundio y del latifundio, la modificación del régimen de tenencia y uso, la tecnificación de la producción agrícola, el uso adecuado según el suelo, el cultivo y la región y la defensa de los recursos naturales (agua y bosque). Decide la creación del INCORA como entidad central de la Reforma Agraría, dotada de importantes medios técnicos, financieros y administrativos.
No obstante, en su puesta en marcha se hizo evidente la fragilidad de la Ley y sus debilidades sirvieron para que comenzara una campaña de desprestigio contra la reforma agraria y contra el instituto que tenía a su cargo su implementación; uno de los argumentos que se plantearon de forma permanente fuel el de crear pobres con tierra.
Es importante señalar también que durante esta época se dieron profundas transformaciones en el modelo de producción agraria; la Reforma Agraría al interior de la frontera agrícola se cambió por las colonizaciones desordenadas propiciadas por el Pacto de Chicoral (Gobierno de Misael Pastrana), la política de sustitución de importaciones fue abandonada por el gobierno de Alfonso López, haciendo cada vez menos operativo el INCORA y más difícil la rentabilidad de la producción agropecuaria.
La nueva política dejo al instituto como labor fundamental, la de titular Baldíos de la nación a los colonos, desmontando de él, la labor integral de Reforma Agraría y Desarrollo Rural Campesino con que había nacido.
Muchos analistas se preguntan desde entonces sobre las razones del desmoronamiento de la reforma Agraria, no obstante haberse presentado en algunas regiones de tradicional organización política campesina avances en asignación y adecuación de tierras.
Las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, fueron de constante lucha entre quienes defendemos la necesidad de una Reforma Agraría integral y los partidarios de que todo se dejé al mecanismo del libre mercado. El mercado de tierras y las alianzas estratégicas productivas propuestas por el "sultán" Carlos Murgas Guerrero, para entonces Ministro de Agricultura y gran empresario palmero, pusieron al campesinado en alerta sobre los objetivos del modelo en materia de agricultura. Las leyes 35/82 y 160/94, dan cuenta de la arremetida contra la política redistributiva de la tierra y especialmente contra el instituto, buscando su desmantelamiento dentro de la lógica neoliberal de achicar la intervención del Estado y dejarle todo a la "iniciativa privada".
Lo que no lograron los gobiernos de Virgilio Barco, Cesar Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, lo hizo Álvaro Uribe, quien en una perversa combinación de terror y política, reduce la capacidad de respuesta del movimiento campesino y popular y acaba de un plumazo, con una entidad como el INCORA que llevaba más de 40 años al servicio de las comunidades rurales. Lo que surge después como INCODER, es la fusión de la liquidación de todas las entidades del sector agropecuario que habían sobrevivido a la "restructuración" efectuada en gobiernos anteriores en las que desaparecieron por decisión del gobierno la Caja Agraria y el Idema.
La liquidación del Incoder en pleno proceso de paz y el consecuente despido masivo de sus funcionarios, pone fin a toda una etapa en la que la alianza entre campesinos y trabajadores logro dotar de tierras y de condiciones productivas a miles de familias campesinas, Indígenas y de afrodecendientes. Unidad, que fue más allá de objetivos gremiales, consolidándose como escenario de formación y convergencia política para luchar por un modelo de desarrollo rural incluyente de la economía campesina y parcelaría. También supone el abandono del Estado de su responsabilidad con el campesinado, decisión que va en contravía de lo pactado en los puntos uno y cuatro de la agenda de negociación de la Habana Cuba.
Fuente: http://bit.ly/2bnXD9a
