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Algunos dirigentes del sector agropecuario han anunciado que, si el Gobierno Nacional no cumple con lo establecido en las actas que se firmaron a finales del mes de abril de 2014 para superar el paro nacional agropecuario en ese periodo, volverían a convocar a los campesinos para motivarlos a paralizar todas las actividades productivas en algunas regiones del país. Cifras oficiales estiman en 0,2% del PIB nacional la pérdida que sufrió el aparato productivo del país por causa del taponamiento de los principales corredores viales del país que, en algunos departamentos se presentaron alteraciones del orden público por el inconformismo de la población en la aplicación de políticas públicas, que han venido erosionando la estabilidad del sector agropecuario.
Los gremios de la producción se encuentran preocupados porque ha existido un proceso de burla a los compromisos estatales que fueron firmados para solucionar la grave problemática que está atravesando este importante renglón de la economía nacional. Se estima que solamente el 10% de los puntos pactados, el Gobierno Nacional los ha cumplido, lo cual ha generado un inconformismo generalizado de los actores que participaron en la anterior protesta.
Los departamentos del área sur colombiana fueron los más afectados por dichas protestas sociales. El taponamiento de sus vías crearon un desabastecimiento total de los bienes y servicios que son el soporte de la dinámica productiva en que se desenvuelve la región. Fuertes enfrentamientos con la Fuerza Pública ocasionaron muertes, heridos, daños materiales, que junto con los actos terroristas provocados por la injerencia de los grupos ilegales que operan en esta zona, crearon afectaciones a la infraestructura productiva de estos territorios.
Hay que advertirles a las personas que están promoviendo esta idea malsana de provocar otro paro agropecuario, que estas vías de hecho no son las más recomendables por las graves consecuencias sociales y económicas que afectarían a toda la población, que en parte es solidaria con las reivindicaciones que se plantean en las mesas de concertación. Pero no se pueden atribuir esos derechos de desestabilizar toda la economía de una región que también ha sido afectada por las medidas gubernamentales que han tomado los gobiernos de turno otrora. Igualmente, cursan sendas demandas en los despachos judiciales contra los promotores de los paros anteriores, por parte de los comerciantes y demás gremios de la producción, por el resarcimiento económico que deben sufragar por las pérdidas millonarias que tuvieron durante esas jornadas de protestas. Consideramos que Gobierno Nacional debe asumir un compromiso serio con los voceros del sector agropecuario para buscar las vías del diálogo y que se comprometa a estructurar políticas coherentes que conduzcan a superar la crisis en que se encuentra el campo colombiano.
Fuente: http://bit.ly/1TZw7c4
