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El 2016 no fue un buen año para el sector agropecuario. Las cifras trimestrales de crecimiento se ubicaron en terreno negativo. Para el 2016, en el mejor de los casos, el crecimiento del sector se ubicará entre 0 % y 1 %, muy alejado del 6,5 % de 2013 y el 3,3 % de 2015.
Infortunadamente, para el 2017 las expectativas no son las mejores. El crecimiento de la economía en su conjunto escasamente superará el 2,3 % y sectores como el agropecuario, la minería y las edificaciones estarán creciendo por debajo de este nivel. Y aunque en el sector agropecuario se habrán superado por completo los efectos negativos de El Niño, hay asuntos que requieren la atención de las autoridades económicas y de los propios productores.
Todo indica que los factores climáticos (fenómeno de La Niña) seguirán incidiendo en el desempeño del sector, lo que plantea interrogantes sobre su avance en estrategias de mitigación del cambio climático, el cual ha mostrado el profundo impacto en la actividad.
Pero aun aislando los efectos de fenómenos climáticos hay problemas estructurales, como el de la productividad agrícola, sin resolver. En este sentido es válido preguntarse si lo que se está haciendo desde un programa como Colombia Siembra apunta en la dirección correcta, pues, aunque el objetivo de incrementar las áreas es loable, en un mundo globalizado y con los TLC en avance, resultará más crítico a mediano y largo plazo trabajar en ganancias en productividad; se trata de hacer más eficiente y rentable la actividad. Los apoyos al sector durante el gobierno Santos han sido mayores a los registrados en gobiernos anteriores, sin embargo, estos esfuerzos no se han traducido en mayores niveles de productividad. Colombia se ubica en el puesto 19 entre 30 países en el ranquin de productividad agrícola en América Latina y el Caribe. Esta situación seguirá afectando la competitividad, razón por la cual es de esperarse que las importaciones de productos como maíz, soya y algodón, entre otros, continúen al alza durante el 2017.
Otro factor a tener en cuenta es la situación de las finanzas públicas. Para 2017, el presupuesto sectorial se redujo 13 % frente a lo asignado en 2016, así que, con bajo crecimiento de la economía y menor apoyo presupuestal, la situación del sector no es la más esperanzadora y el panorama se torna más crítico si se tiene en cuenta el reto que representa la implementación del Acuerdo de Paz en asuntos rurales. ANIF estima que los costos del posconflicto para los próximos cinco años serán del orden del 5,23 % del PIB por año. Buena parte de estos gastos se dirigen a vías terciarias y partidas adicionales para créditos y educación.
Para avanzar en la "construcción de una paz estable y duradera" se requerirá del apoyo y la promoción de la inversión privada. Sin embargo, hay incertidumbres en materia jurídica que minan la confianza de los inversionistas, confianza sin la cual no será posible adelantar macroproyectos agroindustriales que permitan la generación de empleo de calidad y avanzar en los indicadores de bienestar y reducción de la pobreza. Hace más de un año fue expedida la Ley Zidres y nada que arranca su puesta en marcha. Salvo contadas excepciones. no se vislumbra una gran avalancha de proyectos que jalonen el crecimiento del sector.
Por el lado del crédito, el panorama no es más alentador, y al parecer seguirá focalizado en atender las necesidades de capital de trabajo en detrimento del apoyo de nuevas inversiones. De los $9,2 billones de crédito otorgados durante los primeros once meses de 2016, ¡$1,3 billones se dirigieron a la normalización de cartera y $1,08 billones a compra de animales! Para la adecuación de tierras se otorgaron sólo 15 créditos y para maquinaria y equipo 4.000 créditos por un monto cercano a $216.000 millones.
Pese a los desafíos y dificultades que afrontará el sector, no todo el panorama luce sombrío en 2017. Algunos cultivos, como café, caña, arroz y otros de ciclo corto, incidirán positivamente en el desempeño del sector, así como la actividad avícola y porcina. Pero las cifras de crecimiento seguirán determinadas por lo que suceda con el café, pues este representa casi el 23 % del PIB agrícola. Así, superados los efectos climáticos, se estima que la producción de café llegará a los 15 millones de sacos, que con precios internacionales al alza y una tasa de cambio alta permitirán mejores ingresos para los cafeteros. Se espera que el valor de la cosecha del próximo año sea cercano a los $7,5 billones.
En caña se observará una recuperación en los rendimientos que impulsarán la molienda y la producción de azúcar y etanol. En el caso del arroz, las mejores prácticas y la menor producción en Ecuador y Venezuela contribuirán a que sigan repuntando las cosechas. Se espera que la política impulsada desde el Minagricultura, orientada a incrementar las áreas sembradas, surta sus frutos.
El sector tiene el gran reto de preparar su institucionalidad para implementar exitosamente los compromisos del Acuerdo de Paz. Infortunadamente, la agenda definida por el exministro Juan Camilo Restrepo inexplicablemente no tuvo la continuidad necesaria. Esa agenda, que identificaba claramente los objetivos y alcances del desarrollo rural, será retomada, pero eso debe hacerse con celeridad. Lastimosamente no hay claridad sobre las instituciones que responderán a estas exigencias, pues las recién creadas agencias con una cobertura territorial incipiente aún no disponen de capacidad operativa ni recursos presupuestales suficientes para brindar respuesta a las necesidades apremiantes del sector.
Todos esperamos que no se haya perdido la oportunidad de convertir al sector agropecuario en la locomotora que requiere el país en esta nueva etapa de posconflicto. Ahora es el momento
Fuente:http://bit.ly/2i295dx
